Ley de Transparencia y Acceso a la Información

ANTECEDENTES

El antecedente histórico del acceso a la información de los archivos y registros públicos data en 1789 con la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero en realidad no tiene muchas décadas en que se convirtieron en ley ese derecho en los países latinoamericanos, Argentina lo hizo en 1994 y México formuló la suya en 2002 cuando el Diario Oficial de la Federación (DOF) lo publico en 11 de junio de ese año.

Sin embargo, el Derecho de Acceso a la Información mexicano tuvo su origen en 1977 con la reforma al artículo 6º constitucional realizada dentro del proceso de reforma política, se incluyó el texto: “el derecho a la información será garantizado por el Estado.”

El nombre de la normativa azteca es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que vamos analizar en este documento. Para su aplicación se conformó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) el 12 de junio del 2003, con eso se coronó una de las más importantes conquistas de la sociedad mexicana.

El 20 de julio de 2007 tuvo su primera reforma con la adición de un segundo párrafo con siete fracciones el artículo 6° constitucional. Se estableció el principio general de publicidad de la información gubernamental, el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales en posesión de las autoridades.

Esta reforma sentó las bases para una nueva política de transparencia gubernamental del Estado mexicano orientada a facilitar la rendición de cuentas de todas las autoridades en los diferentes  órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Se llamó la “transparencia de segunda generación” o la “segunda generación de reformas en materia de transparencia”.

Dos años después, el 1 de julio de 2009 se publicó en el DOF  la reforma al artículo 16º  constitucional que elevó a garantía constitucional el derecho a la protección de datos  personales, el  acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos. En relación con esta reforma, también se adicionó el 30 de abril de 2009 la fracción XXIX-O del artículo 73 de la Carta Magna para facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares.

Ocurrieron nuevos ajustes el 2012 y al transcurso de primer trimestre del 2013 ocurriría nuevas reformas constitucionales para convertir en autónomo el IFAI, según proyecto del presidente Enrique Peña Nieto.

Según estudio del holandés Roger Vleugels, en octubre del 2011, 88 países contaban con ley de transparencia, pero aunque México tuvo tres años antes su ley que Inglaterra, en la práctica aún no hay muchos avances la regla de juego.

DESARROLLO

EL Dr. Miguel Carbonell, constitucionalista de la UNAM, en reciente foro de la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo comparativo sobre una ley modelo internacional, de que México tiene su normatividad avanzada, especialmente que se aguarda algunas semanas para que el Congreso mexicano modifique varios artículos constitucionales y así darle autonomía al IFAI.

Bajo esa perspectiva, el país avanzaría con la autonomía en este 2013 y en el 2014 pueda replicar eso en los estados para que todo el país tenga mayor garantía de acceso a la información a los habitantes y conozcan en qué se gasta sus impuestos, a cuánto asciende el salario de cada servidor público. Con ello se frenaría la opacidad actual de los gobiernos estatales y municipales, en especial sobre los fenómenos de los endeudamientos de estas entidades gubernamentales.

Sin embargo, la autonomía de ese gran organismo federal y de los estados y municipios tendrán ir aparejados con recursos propios y suficientes para realizar su trabajo con eficiencia, porque como las contralorías y oficinas actuales de transparencia, simplemente depende directamente de los ejecutivos, los titulares de esas instancias son incondicionales de aquellos, no se atreven a indagar alguna corruptela y buscan en todo momento de dilatar la información al ciudadano como sucede a menuda con los municipios y estados, según reiterada denuncia de vecinos y periodistas.

Con esta actitud solo genera disuasión y no incentiva al ciudadano interesado a indagar su gobierno, no es que tengan sobrecarga de trabajo los funcionarios de transparencia como sucede en los juzgados y ministerios públicos por carencia de personal. En cambio, en muchas ocasiones los titulares y colaborares pasan días completas sin trabajo, están en sus oficinas, pero no hay solicitudes de información, y nadie les obliga a realizar planes de sensibilización ciudadana sobre los derechos de vecinos, de empresas y de organismos no gubernamentales, con foros

Ahora veamos el caso de los datos ciudadanos que contempla la norma, falta definir límites de accesos a la información, sus alcances, porque hay el riesgo de violentarse artículos constitucionales individuales con el potencial exhibición de datos personales. Es imperativo mantener el derecho de anonimato en materia para determinados procesos

Ahora con el proyecto de nueva adaptación de la ley se espera se incluya sanción, multa y cárcel a funcionarios que obstruyan deliberadamente la información o destrucción de documentos.

LA PROXIMA REFORMA

El proyecto de reforma para darle autonomía al IFAI contemplan los artículos constitucionales del 6º, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 y 122 para “una sociedad mejor informada, con fácil acceso a publicaciones y resultados de los distintos órdenes y poderes de gobierno, con mecanismo para dialogar, evaluar e incluir en la gestión pública, apoyará y participará con mayor interés en las propuestas que enriquezcan el andamiaje democrático y social del país”, dice esa propuesta.

Abunda que la autonomía del IFAI se justifica “en la medida que ella constituye un mecanismo para fortalecer los derechos de los ciudadanos pues el acceso a la información gubernamental se da en dos sentidos: el primero, que permite que la información pública fluya  hacia abajo para que los gobernados tengan conocimiento de las acciones de sus representantes y las autoridades que los rigen, y así puedan evaluar y supervisar tales acciones como un mecanismo de control y rendición de cuentas; y el segundo que, precisamente, fluye hacia arriba, hacia los  gobernantes, quienes a su vez, deberán profesionalizarse en sus funciones y rendir cuentas a los ciudadanos de una manera cada vez más natural y transparente”.

CONCLUSION

Tal vez tengamos una ley de acceso a la información mejor que muchos países de la región, pero la opacidad aún perdura, no facilita el gobierno una información plena a la ciudadanía, y por el lado invertido de la comunidad, desde la óptima periodística, muchos colegas no estamos familiarizados con el marco jurídico para acceder a ella, casi ningún medio de comunicación promueve talleres de capacitación para obtener esa herramienta el trabajador de la comunicación.

Pareciera que los grandes emporios de medios le convienen que se mantenga las cosas así por así convenir sus intereses, es mas no promueve investigaciones, salvo eventualidades, pero en el tema álgido de los números económicos que maneja el gobierno, se vuelven cómplice por no divulgarlo.

Mientras los periodistas en promedio tampoco les interesan formarse para esa finalidad, en provincia predominan los trabajadores de pluma empíricos, sin herramientas y visión de crecimiento profesional, cargados de trabajo diario con los llamados notas informativas y hechos policíacos  no sacan tiempo para documentarse, están preocupados para la sobrevivencia diaria por los bajos salarios en el ramo. Aunque todo esto no debe ser pretexto para prepararse, aprovechar todo el potencial que ofrece internet.

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