Ley de Radio y Televisión

 

En mayo de 1923 se inauguró la primera estación de radio (CYL) del país, y en 1950 nace la televisión mexicana. El normativo tiene su génesis en 1926 con la Ley de Comunicaciones Eléctricas; la Ley de Vías Generales de Comunicaciones Eléctricas. Luego la Ley de Vías Generales de Comunicación y Medios de Transporte, en 1932; y la Ley de Vías Generales de Comunicación, en 1940 que sólo contenía 13 artículos el capítulo VI que refería la actividad de radio y televisión, cuyo marco normativo se amplió en su contenido en la Ley Federal de Radio y Televisión en 1960.

Esta ley como otras no se aplica en la misión de orientación social de fomento cultural en los espectros de radio y televisión, se violenta el artículo 28 constitucional con los monopolios, el duopolio Televisa y TV Azteca concentran 95 por ciento de todos los canales de televisión en México; y 10 grupos radiofónicos el 70% de todas las estaciones de radio, por supuesto el derecho a la información y libertad de información no existen.

La Ley Televisa se le llamó las malogradas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006. Se aprobó tan solo siete minutos por la Cámara de Diputados sin lectura previa, me sonó como la aprobación de presupuestos municipales y estatales, sin debate.

Pudo haber vetado el presidente Vicente Fox la reforma ante la irritación social, no lo hizo por evidente pacto con los televisores para armar la campaña política y frenar el avance de la izquierda en ese mismo año. En las discusiones que se hacían en la Secretaría de Gobernación, el legislador Manuel Bartlett cuenta que “en medio de la reforma, Martha Sahagún, la esposa de Fox, se pone de acuerdo con Televisa, le quita una obligación de pago y le regala 12.5 del tiempo a la radio y televisión, el cual tiene un costo por varios miles de millones de pesos. Era del Estado para espacios educativos y mensajes de orientación social”.

El polémico político expone con claridad que la postración política ante los deseos de los medios audiovisuales obedece a intereses del momento de muchos diputados y senadores a cambio de espacios, pero que “se convirtieron en esclavos y títeres a pocos días”.

El poder factico es un riesgo de la sociedad, es la antidemocracia, la condena del país. Engañan a la sociedad, por ello la responsabilidad de los actuales legisladores.

En esta norma se anuló la subasta pública como criterio para otorgar concesiones y se exige la aprobación de la Comisión Federal de Competencia para otorgar un permiso y no sólo el presentar la solicitud ante el regulador, como estaba considerado.

Sin embargo, se declaró inconstitucional dar facultades discrecionales a la autoridad para otorgar permisos. Los ministros reconocieron como válidos los artículos que dan prioridad a los actuales empresarios sobre terceros en el referendo de concesiones.

La decisión de la Corte “frenó un abuso que propiamente ya se había cometido por los legisladores”, dice José Navarro, académico del Tec de Monterrey.

El tema les preocupa a organismos internacionales y presiona al gobierno mexicano para incidir en el avance, por eso en el último intento de su gobierno de Felipe Calderón intentó lanzar la convocatoria para una nueva televisora, cosa que no sucedió, y en este sexenio de Enrique Peña Nieto no se avizora avances en ese sentido, a pesar del ofrecimiento.

En tribuna el entonces senador Javier Corral Jurado, ante las cámaras del Congreso, denunció que se dio manoseo del procedimiento parlamentario en aquel albazo parlamentario del 2006, “hubo negociantes de la política, no se convocaron a las comisiones para analizar y debatir propuestas para reformar las dos leyes”.

La última revisión de la Ley de Radio Televisión se hizo en el 2012 sin que se toque los artículos neurálgicos, no se refuerza el derecho de réplica con sanciones, con la modificación de la Ley de Imprenta. El reglamento de esta ley, en el decreto del 10 de octubre del 2002, el derecho de réplica se vincula al hecho de que una información difundida “no cite su fuente”, y su aplicación es discrecional. Nada obliga a los concesionarios a respetarlo y no existe sanción alguna si se violente, expone en su análisis el periodista Jenaro Villamil.

Hace falta regular la publicidad, el marketing televisivo no debe sujetarse a contenidos que no fomente la educación, cultural, tradiciones de los pueblos. Prácticamente se fomenta antivalores en muchos programas de esas grandes cadenas. En cambio, la radio parece disfrutar de una mejor simpatía de la gente, pero los normativos pendientes harán que el sector sea mucho más completivo.

 

 

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